​Nuevo caso de presunta ilegalidad en BPA

 

Vall Banc, la entidad resultante del saneamiento de la antigua BPA ya funciona y la presencia de las oficinas con la nueva rotulación va siendo habitual en el paisaje andorrano. Aun así, queda por resolver la parte de su operatividad relativa a las inversiones internacionales, porque CréditSuïsse, que tiene que volver a ser el avalista de esta otra normalización, mediante los movimientos con dólares, no dará el paso mientras no reciba por escrito la autorización de la autoridad bancaria correspondiente.

Y cuando parecía que este era el último paso hacia el fin de la problemática, tras salir de los  contenciosos judiciales pendientes, el Diario de Andorra recoge un nuevo caso de supuesta ilegalidad en la BPA, con los mismos investigados, encabezados por el ex director general y consejero delegado, que continúa en la prisión.

El  alcalde Canòlic Mingorance ha imputado a 23 antiguos directivos y gestores de BPA por blanqueo de capitales relacionados con la empresa española Redder, dedicada al traslado de residuos. La empresa estaba en suspensión de pagos y habría utilizado Banca Privada para saltarse el bloqueo en España y poder continuar siendo operativa sin que las autoridades españolas se enteraran.

La estructura del banco permitió a los empresarios españoles Ángel Ceferino Cisneros, Avelino Encina y Adolfo Arturo López, titulares o representantes de Redder Management Corporation, mover los bienes y capitales que tenían que haber sido utilizados para cumplir con sus acreedores. Cisneros es socio mayoritario de Reguera Bircual, mientras que López y Encina son, respectivamente, administrador único y director general de Recuperación de Materiales Diversos.

Canòlic Mingorance inició la acusación contra los empresarios españoles, y contra el gestor de BPA Francesc Xavier Domingo Roigé, el julio del 2015. Los acusa de un delito mayor de levantamiento de bienes y un delito mayor de blanqueo. Ahora ha decidido imputar al resto de antiguos directivos y gestores que estuvieron implicados en estos presuntos delitos. Y los ha citado a declarar en una serie de rondas que irán desde el 22 de diciembre hasta el 11 de enero. Los últimos a declarar como imputados serán el ex consejero delegado Joan Pau Miquel y el exdirector adjunto Santiago de Rosselló.

VINCULADOS AL ‘CASO GAO PING’ 

La instrucción del caso BPA permitió descubrir que la operativa para el presunto levantamiento de bienes y blanqueo de Redder está relacionada con el caso GaoPing. Los representantes de Redder hicieron compensaciones, con entrega de dinero en metálico en España, al testaferro de GaoPing, Rafael Pallardó.

Los responsables de Redder entregaban a Pallardó dinero en el país vecino y automáticamente se traspasaba la misma cifra a la cuenta de Pallardó a BPA. Inmediatamente el dinero llegado a la cuenta de Pallardó eran enviados a la China, a los familiares de GaoPing. Entre junio del 2008 y el septiembre del 2011 tuvieron lugar diecinueve operaciones entre los responsables de Redder y el testaferro de GaoPing por un valor total de 3,88 millones de euros.

La Batllia imputa a los 23 antiguos directivos y gestores de BPA al considerar que son colaboradores necesarios para engañar las autoridades españolas para levantar los bienes de Redder que tenían que estar bloqueados y también ayudaron en el sistema para el blanqueo de los capitales.

En el aute del caso Redder la alcalde explica que los responsables de la sociedad española “ocultaron la real situación de sus empresas al juzgado mercantil, operando de espaldas del procedimiento concursal a través de pagos que recibían de BPA”.