El 'caso BPA' irá a juicio en mayo

Ahora faltaría el espacio y la elección no es fácil porque hay 25 procesados, un gran número de abogados y una previsión de asistencia de público altísima.

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El macrojuicio del caso BPA tendrá lugar en mayo según ha podido saber el Diario de Andorra por diferentes fuentes jurídicas. Ahora, el Tribunal de Cortes está buscando el espacio más idóneo para acogerlo ya que hay 25 procesados, un gran número de abogados y una previsión de asistencia de público altísima.


De hecho, se espera que sea el mayor juicio y el de más trascendencia y presencia de medios y público de la historia de Andorra. Es por este motivo que las características de la sala deben ser muy específicas y los espacios sean limitados. Además, se quiere reservar la sala todos los días que dure el juicio que, por el número de acusados, declaraciones de testigos y de volumen de investigación puede hacer que la vista se pueda alargar más de un mes.


La previsión pasa porque el inicio sea a comienzos de mayo y durante ese mes se debería finalizar, pero con un criterio de prudencia se quiere reservar la sala también la última semana de abril y la primera de junio por si la vista fuera más larga de lo que se cree.


De momento la fecha no ha sido comunicada porque se está a la espera del escrito de calificaciones, que se prevé que se tenga que hacer público en breve. En este escrito se tendrá constancia de que finalmente se le imputa a cada uno de los veinte y cinco acusados.


La voluntad del Tribunal de Cortes es hacer el juicio en Andorra la Vella o Escaldes, según fuentes cercanas al tribunal, especialmente por cuestión de desplazamientos. Esta decisión eliminaba la opción de hacerlo en los diferentes centros de congresos, auditorios o salas que hay en las otras cinco parroquias.

LOS SOCIOS MINORITARIOS SE SIENTEN 'ENGAÑADOS' POR LA 'CAJA B'


La mayor parte de socios minoritarios de la antigua BPA se sienten engañados porque aseguran que desconocían la existencia de una caja B para pagos en negro constituida a través de una sociedad panameña llamada Landstreet. Todos los pequeños socios, según distintas fuentes del colectivo, se han personado como actores civiles en la causa que la juez tiene abierta por los pagos hechos a través de Landstreet.

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