El caso Cinca y el fin del oasis andorrano

Robert Pastor

Fotografía de http://www.moveabroadnow.com


El ministro de Finanzas de Andorra, en su tiempo considerado candidato a suceder al actual jefe de Gobierno, Antoni Martí, se ve llamado a declarar como inculpado ante el Tribunal de Cortes, con una acusación muy grave: Joan Samarra, ex presidente de la empresa Orfund, le atribuye los delitos de administración desleal con apropiación indebida y blanqueo de capitales.


Los hechos atribuidos esclarecen aún más el alcance del asunto: según el querellante, Cinca -con un grado de participación hasta ahora no divulgado de Manuel Terreno otro administrador de la empresa incluido en la demanda- habría llevado a Orfund un seguido de lingotes de oro de 5 kilos procedentes de Abiyán (Costa de Marfil), en 13 viajes de Barcelona a Andorra, en mano. Sin embargo, no habrían llegado al destinatario sino 66 de los 96 lingotes importados. Si se confirma, el actual ministro habría «distraído» a la empresa para la que trabajaba 150 kilos de oro, valorados en más de dos millones de euros.


No habría que recordar, pero es inevitable, que la llamada a declarar está todavía lejos de la decisión judicial en forma de sentencia del Tribunal de Cortes, instancia que entiende de delitos graves, y obligada también por la condición de aforado del ministro. La magistrada instructora, Concepción Barón, apenas comienza los trámites, y el primer testigo convocado, para la próxima semana, es el querellante, Juan Samarra.


Las implicaciones a Jordi Cinca por su actuación en la empresa donde ocupaba un cargo ejecutivo los años 90 viene de lejos, más o menos velada por parte de opositores políticos, y directamente y pública con el artículo aparecido en el virtual Crónica Global, con el título «diamantes sucios», que firmaba Carlos Quílez. Los antecedentes penales previos del autor y la reacción inmediata del ministro, con una querella por calumnias contra el autor parecían esvahir inicialmente las dudas sobre la honorabilidad, en tiempos anteriores, del miembro -destacat- del Gobierno.


Sin embargo, con el ruido, ya se daba por «amortizado» políticamente Cinca, descartado como futuro jefe del ejecutivo, por lo que la mujer del César debe parecer, además de ser, honesta, y de dicha española «calumnia, que algo queda».


El querellante Samarra intentó llevar el caso, en julio del año pasado, a un juzgado de Barcelona que del desestimó porque «territorialmente no le corresponde». Quizás desconfiaba de la neutralidad judicial andorrana ante las características del ahora llamado como imputado, desconfianza que se demuestra infundada.


Tras el caso de la Banca Privada - BPA -, en cuya gestión tuvo un papel importante Cinca en razón del cargo, este segundo escándalo es de un alcance muy diferente, porque afecta el considerado «número 2» del ejecutivo Martí. Hasta este momento, Andorra se podía considerar un «oasis» libre de imputaciones judiciales por delitos económicos a políticos y personalidades públicas, como en otros tiempos se hablaba de un «oasis catalán».


Habrá que ver en qué queda, tras la tramitación debida al Tribunal de Cortes, este «caso Cinca». Lo deseable es que la decisión llegue pronto y deje el mínimo de dudas posible. Que para unos u otros, siempre quedarán, sea cual sea la sentencia.


Nota: Este artículo se escribió antes de que hubiera una sentencia en firme sobre el caso.

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