Interior hará "todo lo necesario" contra el acoso que sufren Policía y Guardia Civil en Catalunya

Todos los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil critican los "ataques, acoso, persecución y señalamiento" en una campaña "simultánea" en Cataluña tras el 1-O.

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JuanIgnacioZoido 3

 

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El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, reunido con los altos cargos de las policías.


Juan Ignacio Zoido ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "alentar el acoso totalitario" contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


El ministro del Interior ha anunciado que el Gobierno ha tomado la decisión de que ni los policías nacionales ni los guardias civiles "abandonen ningún hotel donde haya contrato en vigor".


En una comparecencia sin pregunta desde el Ministerio del Interior tras reunirse en Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior ha condenado los "asedios que representan el odio y el totalitarismo", comprometiéndose a recurrir a los tribunales para frenarlos.


"Son actos tumultuarios" que el ministro ha relacionado de forma "directa con las palabras" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que ayer lunes exigió la salida de Cataluña de la Policía Nacional y la Guardia Civil. 


"Lo único que hacen allí", ha dicho sobre estos agentes, "es garantizar la libertad y derechos de todos los catalanes, cumplimiento órdenes jurisdiccionales".


REUNIÓN EN MONCLOA


Poco antes, Zoido se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con Rajoy y Santamaría para analizar la grave situación en Cataluña y tomar una decisión.


Previamente, el titular de Interior ha reunido de urgencia a primera hora a los directores generales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para estudiar las medidas contra el acoso de grupos independentistas a los agentes desplegados en Cataluña. 


Fuentes de Interior han explicado que encima de la mesa se han barajado "todas las medidas" posibles para defender la legalidad y mantener su compromiso con las órdenes judiciales, desde que se les dio instrucciones para impedir el referéndum ilegal del pasado domingo, 1 de octubre.


REUNIÓN DE URGENCIA


Zoid se ha reunido de urgencia este martes 3 de octubre a primera hora a los directores generales de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, y de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, para estudiar las medidas "dentro del Estado de Derecho que frenen el intolerable acoso" contra agentes por parte de grupos independentistas en Cataluña. También asiste el secretario de Estado, José Antonio Nieto.


Fuentes de Interior han explicado que encima de la mesa se han barajado "todas las medidas" posibles para defender la legalidad y mantener su compromiso con las órdenes judiciales, desde que se les dio instrucciones para impedir el referéndum ilegal del pasado domingo, 1 de octubre.



Todos los sindicatos de la Policía Nacional han realizado una nueva llamada ante el Ministerio del Interior para que "ataje de inmediato" el acoso que sufren los agentes desplazados a Cataluña en el dispositivo para frenar la independencia.


De no ser así, exigirán dimisiones del director general del Cuerpo, Germán López, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, o incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.


En un comunicado, SUP, CEP, UFP, SPP y ASP critican los "ataques, acoso, persecución y señalamiento" en una campaña "simultánea" en la que se han elegido objetivos como hoteles y comisarías para "poner en el centro de la presión de determinado sector social a quienes se han limitado a cumplir con la legalidad durante el 1-O, por orden judicial".



Exigen a Zoido que "ataje de inmediato con todas las medidas legales, logísticas, políticas o de cualquier tipo que pongan fin a estas prácticas mafiosas". 


"Ya es hora de que deje de escurrir el bulto", le dicen al ministro.


Las asociaciones de guardias civiles también han reclamado que se proteja a los agentes que desempeñan su trabajo amparado por el mandato judicial. 


Todas las organizaciones profesionales han pedido al Estado que actúe ya para frenar lo que interpretan como una "campaña orquestada por una minoría radical para dinamitar el marco de convivencia".


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