El Tribunal de Corts (segunda instancia, o primera en caso de delitos calificados como graves) ha rechazado los recursos previos de las defensas de varios acusados en el caso de la Banca Privada (BPA), según publica el Diario de Andorra.
Los recursos pedían la separación del proceso del Gobierno andorrano, pequeños accionistas y suscriptores de preferentes como partes acusadoras. También habían pedido la anulación de las pruebas obtenidas en España, con el argumento principal que se obtuvieron mediante amenazas por parte de policías y otras autoridades del Estado vecino al principal acusado, el ex director general y consejero delegado Juan Pablo Miquel .
Los abogados tienen ahora un plazo de cinco días para presentar nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal Constitucional y el de Cortes esperará a la decisión del TC para reanudar la vista, suspendida "sine die" hace aproximadamente un mes para estudiar las cuestiones previas planteadas por los letrados, nueve en total.
La magnitud de la vista y la expectativa de la duración imprevisible se puede comprender con la exposición de algunos datos. Los acusados son 25, con la petición fiscal de máxima pena para Juan Pablo Miquel (8 años y 100 millones de euros de multa, además de las cantidades reclamadas por las acusaciones de particulares, que sólo en el caso del Gobierno son 28 millones más). Los representantes de las defensas, 14 abogados.
La vista comenzó y deberá continuar en un lugar diferente de las salas de la sede de la justicia, en el salón de actos del edificio Prada Casadet de Andorra la Vella, donde hay también el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca pública del Gobierno, entre otras sedes de entidades y viviendas particulares.
Los documentos de la instrucción suman miles y miles de folios, situados en los correspondientes ficheros en estantes detrás del tribunal, ocupando un espacio que tal vez superan el de algunas bibliotecas públicas de pueblos pequeños. Y, público aparte, entre los jueces, funcionarios, abogados, fiscalía y representantes de las acusaciones suman decenas de personas, a las que habrá que añadir, en el transcurso del procedimiento, testigos (algunos, reclamados en el extranjero), peritos. ..
Preside el tribunal el magistrado Josep Maria Pijuan, a la vez presidente del mismo tribunal de Cortes, junto con dos jueces más del mismo órgano. Y quizás habrá que recordar que el sistema judicial andorrano sólo prevé dos instancias, la Alcaldía o el Tribunal de Cortes y el Tribunal Superior, con el Constitucional que sólo examina recursos sobre el respeto durante los procesos a los derechos reconocidos a las personas, demandantes o condenados, en la misma Carta Magna.
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