La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado la creación de un plan para incentivar el traslado de actividades económicas de domicilios a locales ubicados en plantas bajas, con un acompañamiento y asesoramiento por parte de la Oficina de Atención de Empresas (OAE) durante el proceso y la agilización de permisos y licencias para operar en estos bajos.
La proposición, presentada por Junts, se ha aprobado con el voto favorable del gobierno municipal (PSC), PP y Vox, y la abstención de BComú y ERC, y contempla también bonificaciones del 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) durante los 5 años siguientes al traslado.
Desde Junts, Damià Calvet ha planteado una nueva orientación para fomentar el uso de la vivienda que sea "propositva y no punitiva", y por ello ha pedido al gobierno que no se limite la actividad económica en las viviendas, ya que las víctimas podrían ser los profesionales autónomos, que según él contribuyen a la economía local.
"Lejos de perseguir o delimitar, el Ayuntamiento debe crear condiciones para que la transición a locales comerciales sea atractiva y beneficiosa", ha dicho, y ha instado al ejecutivo a encontrar un punto de equilibrio entre esta problemática y la de la vivienda.
La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha reconocido que desde el ejecutivo comparten esta reflexión para imaginar una ciudad con calles vivas, con comercio y actividad económica a pie de calle, textualmente.
No obstante, respecto a las exenciones de impuestos, ha pedido enmarcar este debate para las futuras Ordenanzas Fiscales, que ya tiene un calendario propio; además, respecto al IBI, ha señalado que quien lo paga es el propietario, que no necesariamente es quien desarrolla la actividad económica.
Por otro lado, Marc Serra (BComú) ha destacado que su formación ha incentivado el alquiler de locales públicos y se han comprado 400 naves y locales, y Eva Baró (ERC) se ha mostrado a favor de incentivar el traslado ya que, según ella, en Barcelona hay más de 6.000 locales vacíos.
Desde el PP, Juan Milián ha dicho que quieren una ciudad que respete el esfuerzo de la gente que levanta la persiana aunque sea en su casa, y Liberto Senderos (Vox) ha criticado al gobierno por haber promovido planeamientos urbanísticos enfocados a prohibir la actividad económica de profesionals en los domicilios.
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