“Las rebajas fiscales de otoño" y las colas del hambre

Ante la polvareda que está levantando la guerra fiscal entre comunidades autónomas, por ver quién es más complaciente a la hora de “perdonar” el impuesto a sus señoritos, a los ricos, he querido poner el dedo en la llaga con el titular para llamar la atención de los lectores evidenciando un contraste obsceno. Pero antes vayamos a lo objetivo, a los datos concretos:

El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto directo y personal que se aplica sobre el valor de la propiedad o activo que excede de 700.000€. Esto afecta a más de 200.000 contribuyentes en toda España que aportan 1.355 millones €, íntegramente en las arcas de las CC.AA.

En este mes de septiembre, las Comunidades Autónomas -en adelante CC.AA- de Madrid y Andalucía, gobernadas por el PP, han anunciado que renuncian a ese impuesto. En el caso de Madrid, ese regalo impositivo afectará a 16.670 ricos que dejarán de pagar algo más de 700 millones €. En el caso de Andalucía, afectaba a 20.661 señoritos, que en adelante dejarán de pagar 120 millones a la Hacienda andaluza.

Madrid y Andalucía son casualmente las comunidades donde hay menor inversión en sanidad y educación públicas por habitante. Andalucía invirtió 1.398 euros de promedio en 2020 y Madrid 1.491 euros, por debajo de la media nacional de 1.638 euros.

Madrid y Andalucía también figuran a la cola en el gasto público por alumno en enseñanza no universitaria en 2019. Madrid invierte 5.148 euros y Andalucía es la penúltima en inversión con 5.442 euros. El promedio en España fue de 6.230 euros.

Las CC. AA también generan ingresos por una parte del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) que grava nuestros ingresos por el trabajo.

En caso de cobrar un sueldo bruto de 28.000 €/año = 1.500.00 €/netos/mes; las CC.AA nos retienen 4.500 €/año del IRPF de media en España. Los tipos de retención oscilan entre el 18 % de Extremadura y el 21 % de Cataluña.

En Madrid, un trabajador que cobre un salario de 30.000 €/año (1.600 €/mes), su CC.AA le retiene 4.829 €/año = 350 €/mes.

En el 2021 en España, 8 de cada 10 contribuyentes (el 78%) ganaban menos de 30.000 euros brutos/año. Es decir, a la inmensa mayoría de la población que cobra un sueldo de supervivencia, se le quita un 20% de sus ingresos; mientras que, a los 200.000 ricos, el 0’4% de la población, se les quiere regalar 1.400 millones de €.

Sigamos con los datos. La inflación media en España, durante lo que llevamos del año 2022, está en el 11%. Los alimentos y productos de primera necesidad han subido una media del 15%. Los sueldos no se han actualizado más allá del 3% en el mejor de los casos. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores por cuenta ajena sufre una bajada del -12%.

Último dato. La deuda externa. La deuda pública de España en el mes de julio de 2002, era de 1.486.978 millones. Lo que corresponde a 31.105 € per cápita, y supone el 116,83% del PIB español; de lo que producimos en un año.

La deuda española en manos del BCE supera ya el 50% del PIB =  860.705 millones, un 84% más que antes de la pandemia, y la deuda sigue creciendo, porque genera intereses y porque seguimos gastando más de lo que producimos. Estamos hipotecados hasta los ojos. Pagar esa deuda y sus intereses ya es poco menos que imposible.

Pero hete aquí que, en un alarde de prestidigitación y cinismo monumental; Pedro Sánchez se ha buscado un enemigo externo al que colgarle el marrón, al que culpar. Por el presente y por el pasado. La consigna gregaria es: “La culpa es de Putín”.

Un breve repaso a las fechas que cito en este artículo, previas a la guerra de Ucrania, demuestra su falacia.

Y su remedio milagroso, no podía ser más irresponsable y temerario: Doblar el presupuesto militar para gastos de Defensa, que según los datos del informe OTAN en 2021 fue de 12.208 millones € (1’03 del PIB), para pasar al 2% del PIB, es decir 204.400 mil millones €/año = 500 € por persona/año que nos corresponde pagar entre todos, a escote. 

Al mismo tiempo que propone a los sindicatos “un pacto de rentas” para la contención de los salarios, es decir para que pactemos en los convenios que nos conformamos con perder voluntariamente el 12% de nuestro poder adquisitivo. 

Su visión política es tan cortoplacista como la de los gobiernos anteriores del PP. Con su ejemplo nos vienen a decir: En el último año del mandato gubernamental, toca política de extensión del gasto público cómo parte de la campaña electoral; y el que venga detrás que arree.

Mientras tanto se reproducen las colas del hambre, colas indignidad que debieran sonrojar tanto a los gobiernos autonómicos y central, cómo al conjunto de los españoles Sólo el Banco de Alimentos de Cruz Roja en Madrid atiende ya a 186.000 personas, una población similar a Santander, Pamplona o Almería. Entre Cáritas y Cruz Roja prevén que atenderán a 400.000 personas más a lo largo de 2022; bastantes más que antes de la pandemia; mientras nos advierten de un “otoño negro”.

Así el sistema económico va colapsando a pasos agigantados, sin que nadie ponga solución. Bien al contrario, sus ocurrencias consisten en bajar los impuestos a los ricos, para que puedan ser más ricos, a costa de que los pobres seamos todavía más pobres.

Y ese resumen para España, se reproduce a nivel continental. Los EEUU están revitalizando su economía a costa de impulsar guerras para vender armas, petróleo y gas a la Unión Europea. Así los EEUU reflotan de su crisis a costa de hundir a los países de la UE.

No podemos seguir por ese camino. Urge un cambio radical de rumbo, antes de llegar a la colisión con el iceberg.

Este mundo no puede seguir regido por el 1% de su población, de los depredadores oligopolistas. Necesitamos que tomen la palabra el 99 % de de la mayoría social a la que pertenecemos la clase trabajadora, en sentido amplio; es decir, la de todos aquellos que necesitan trabajar cada día para poder subsistir.

España necesita de una izquierda valiente, radicalmente democrática, con sentido de Estado, que pase página de los oportunistas que plantean soluciones basadas en el aventurerismo personal.

Urge educar a la población para que sea exigente con su voto. Para que se lea los programas antes de votar y exija el cumplimiento contractual basado en el rendimiento de cuentas.

Un partido que plantee una profunda reforma fiscal justa, equitativa y realmente progresiva, fundamentada en los impuestos directos y sin privilegios territoriales. Reduciendo el IVA a autónomos y pequeñas empresas. Luchando eficazmente contra el fraude fiscal y la corrupción sistémica que nos rodea. Fiscalidad Pública que debe regirse por el principio de IGUALDAD, y eso solo será posible desde la cooperación interterritorial, eliminando los privilegios  del Cupo Vasco y el Concierto Navarro, que están provocando un efecto llamada.

Necesitamos una fuerza política que se centre en dar respuesta a los problemas inmediatos que tiene por resolver la sociedad española: El empleo; el paro juvenil; la pobreza; el control sobre la inflación y el alza de los precios. El acceso a la vivienda; las puertas giratorias, es decir la connivencia política con las empresas del mercado oligopolista de la energía, que está enriqueciendo a unos pocos y empobreciendo a la mayoría social; la dignificación de la sanidad pública, acabando con los recortes presupuestarios y las listas espera. La mejora en la Educación de calidad, que es la mejor inversión de futuro para nuestro país.

Una fuerza política que luche por la paz en el mundo, planteando resueltamente la eliminación de los bloques militares que sólo sirven para justificar guerras para la desestabilización económica de unos países en beneficio de otros. 

Una fuerza política internacionalista y cooperativa, que base su actuación en la solidaridad, el progreso y la paz entre todos los países del mundo.

Y eso sólo podrá hacerlo una fuerza política que tenga una concepción unitaria de un Estado Integral, donde la cooperación y la solidaridad interterritorial figuren con competencias claramente delimitadas y blindadas.

Para ello hay que racionalizar el sistema autonómico, recuperando para el Estado Central competencias clave, como la Sanidad; la Educación; la Fiscalidad y la Seguridad Pública, que ya han demostrado sobradamente en estos últimos 40 años que descentralizadas son altamente ineficaces.

Sólo desde la hegemonía de la izquierda social, podremos impulsar grandes transformaciones económicas que sirvan para mejorar la calidad de vida y la dignidad de género humano. 

El futuro no es irremediable, está por escribir, y dependerá de cómo entre todos nosotros queramos enfocarlo: Desde la pasividad de nuestros sofás, o desde la lucha activa para mejorar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es un problema de ACTITUD.

Comprometámonos; organicémonos; movilicemos la calle; hagamos que maduren las condiciones objetivas y sociales que hagan posible un cambio efectivo del poder, a favor de la mayoría social y económica, a favor de la clase trabajadora.