El Parlament aprueba el decreto ley sobre el régimen sancionador de alquileres

El Parlament ha aprobado este miércoles el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, que establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas de alquiler, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), y no se tramitará como proyecto de ley.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado en el pleno el decreto como un "buen acuerdo" que va en la dirección de asegurar que los catalanes puedan tener un acceso asequible a una vivienda, después de que a finales de enero, Govern y Comuns cerraron un pacto que contemplaba multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves.

Asimismo, ha puesto en valor que el trabajo "no ha sido fácil", pero ha reivindicado la voluntad de cambiar las cosas, para lo que ha pedido el apoyo de ERC y la colaboración de toda la Cámara para operar, textualmente, en un marco para el entendimiento en beneficio de la ciudadanía.

Con su aprobación, se modifican las leyes del derecho a la vivienda y del Código de consumo, y se fijan como infracciones graves o muy graves establecer alquileres a precios superiores al máximo permitido en zonas de mercado residencial tenso.

El decreto ley también recoge como infracción grave omitir o falsear la finalidad de un contrato de arrendamiento, repercutir en el inquilino gastos de gestión cuando no sea procedente y no hacer constar en las ofertas y los contratos el índice que corresponde a la vivienda o el precio del contrato anterior, o la condición de gran tenedor si es el caso.

Según la exposición de motivos, el decreto responde a la necesidad de abordar "la pérdida de efectividad de la contención de rentas por la ausencia de un régimen sancionador", dada la situación social de emergencia generada por el desequilibrio entre la evolución de los precios de alquiler de viviendas y la capacidad económica de las familias.

Durante el debate, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha avisado que este decreto es "necesario pero insuficiente" y ha remarcado que especular no es un derecho, para lo que hace falta ambición y llevar a cabo muchas más acciones, ya que esta ley no es la única solución, según ella.

En paralelo, la diputada de los Comuns Susana Segovia ha admitido que la medida "llega un año tarde" y ha recordado la sanción tiene que ser disuasoria, así como ha instado al Govern a empezar a multar a las grandes plataformas y, textualmente, a los piratas inmobiliarios.

La diputada de la CUP Laure Vega ha criticado que aún se esté "a estas alturas" y ha reclamado más recursos e inspectores, además de bajar el índice de referencia del alquiler y limitar la posibilidad de lucro en la vivienda.

Por parte del PSC, la diputada Eva Candela ha explicado que abordar este problema de acceso a una vivienda asequible no consta de una medida sino de la suma de varias, marcadas por una "hoja de ruta" firme por parte del Govern con medidas a corto y medio plazo.

Por su parte, la diputada de Junts Glòria Freixa ha tachado el decreto de "absolutamente desproporcionado" y ha urgido a dejar de pasar la pelota al tejado de los propietarios, así como a incentivar y dejar de castigar, en sus palabras.

También la diputada popular Àngels Esteller ha lamentado la "persecución contra el propietario" que, a su juicio, es un error absoluto y no resolverá el problema sino que además lo agravará.

Además, la diputada de Vox Mónica Lora lo ha descrito como una "nueva vuelta de rosca intervencionista" que, a su parecer, se ampara con una ley estatal para el derecho a la vivienda que ha pedido derogar.

La diputada de Aliança Catalana (AC) Sílvia Orriols ha opinado que, textualmente, tanta política punitiva solo conseguirá ampliar el mercado de pisos vacíos y cerrados: "Ni resuelven el problema ni alivian el conflicto".