Hoteleros y restauradores piden modificar el distanciamiento entre clientes y suprimir franjas horarias

Un marco normativo “claro y sensato” que regule adecuadamente la reapertura de los establecimientos de hostelería y de restauración con el que se evite la inviabilidad del negocio es la petición que han dirigido al Gobierno alrededor de un millar de empresas del sector de hostelería (restaurantes y cadenas de restauración) repartidas por toda España.

Este marco debe incluir la razonable rectificación de las medidas de distanciamiento social que impone una separación de dos metros entre camarero y cliente, y entre mesas, y que la reapertura de los locales de negocio coincida con la plena recuperación de la movilidad por parte de los ciudadanos.

“Queremos dejar bien claro que nuestra intención es retomar la actividad y fomentar la reactivación de la economía, pero, para ello, consideramos como algo innegociable que, con carácter previo, el Gobierno se pronuncie acerca del derecho contractual a la renegociación y que este debe basarse en la cláusula 'rebus sic stantibus'”, advierte el promotor de la iniciativa y propietario de B-ONE Palau de Mar Espai Gastronòmic, Andrea Funari.

Ello significa que se debe fomentar la cultura de la negociación contractual de los alquileres, se tiene que aclarar inmediatamente cómo se articulará la flexibilización de los ERTE, y se han de eliminar las franjas horarias de restricción de la movilidad. 

Los hosteleros solicitan además que el Gobierno fomente medidas de apoyo directo que pueden tener carácter tributario, como la reducción del IVA o la supresión de cuotas, o revestir la forma de subsidio, como ayudas directas al pago de alquileres. El comunicado recuerda la necesidad de que el Gobierno garantice la posibilidad de continuar en las condiciones que prevé la figura jurídica del “Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor” hasta que el que el sector de la restauración dé señales de recuperación en el corto y medio plazo.

Finalmente, los hosteleros consideran conveniente que el Gobierno aclare quién será el responsable de formar a los empleados para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y que se indique qué tipo de formación será considerada como adecuada o suficiente.