El futuro en disputa

Llega el 11-S, preludio de un otoño incierto. Un periodo que se anuncia agitado, relleno de peligros... donde podemos percibir sin embargo alguna chispa de esperanza. Este año, la Diada está marcada por el encarcelamiento de los dirigentes políticos más destacados del independentismo. Una evidencia se va imponiendo entre la ciudadanía, a pesar de sus opiniones diversas, incluso contrapuestas, con respecto al futuro de Catalunya: no habrá un retorno a la normalidad, ni se abrirá ninguna salida al actual bloqueo, mientras persista este encarcelamiento.

Este es uno de los herencias más envenenados de la era Rajoy. Durante años, el gobierno del PP ha rehuido el abordaje político de una cuestión que era eminentemente política, y que ha derivado en la mayor crisis institucional de la democracia española desde la transición. El conflicto ha sido trasladado sistemáticamente a los tribunales, que lo han abordado con los útiles y la lógica punitiva del Código Penal. Y con el sentimiento, por parte de un poder judicial de fuerte talante conservador, de ser el baluarte decisivo en la defensa de la integridad territorial de España. El resultado de todo ello es el "teorema de la rebelión" del juez instructor Pablo Llarena. Una acusación que, por mucho que se quieran estirar los hechos del otoño de 2017, resulta insostenible en ausencia de violencia -pero a la sombra de la que se ha mantenido una dolorosa y abusiva prisión provisional.

Si este es uno de los nudos del empantanamiento en que estamos, el otro radica en la dificultad que tiene el independentismo para evaluar críticamente la fracasada vía unilateral que siguió hace un año y operar un cambio de estrategia. Los 6 y 7 de septiembre, la mayoría independentista perpetró un grave atropello de la democracia representativa en las jornadas más negras y degradantes para el Parlament desde el restablecimiento de la Generalitat. Contra las advertencias de los letrados de la cámara y del Consejo de Garantías Estatutarias, pisando los derechos de la oposición, se aprobaron unos textos de corte populista que, de hecho, derogaban la Constitución y el Estatuto de Autonomía... y para sacar adelante los que no existía una mayoría cualificada en el Parlamento, ni tampoco una mayoría social en el país.

El referéndum convocado el 1-O no reunía ninguno de los requisitos exigidos por el Consejo de Europa para ser homologado. No podía, por tanto, generar ningún "mandato democrático".

La convocatoria, de parte, daba la espalda a medio Catalunya. Por otra parte, dicha "Ley de transitoriedad" perfilaba una República de sesgo autoritario, con el poder judicial sometido al ejecutivo. Un "no Estado de Derecho" que, si nunca hubiera visto la luz, difícilmente hubiera pasado el filtro de exigencia democrática de la Unión Europea.

La secuencia de los acontecimientos a partir de aquella huida hacia delante es bastante conocida, y ha supuesto la intervención de la autonomía y la acentuación de la acometida judicial. Las consecuencias de la unilateralidad no podían ser más nefastas desde el punto de vista del desprestigio de las instituciones catalanas y la división en el seno de nuestra sociedad, que corremos el riesgo de ver perpetuarse. La proximidad de los juicios aumenta la tensión emocional. Resulta difícil vislumbrar una salida al callejón sin salida.

Hay, sin embargo, razones de esperar. El gobierno socialista de Pedro Sánchez representa un soplo de aire fresco después de años de asfixia institucional y enrocamiento por parte del PP. Es cierto que la maquinaria judicial está echada, y los tiempos y la lógica judiciales lo complican todo. Sin embargo, los puentes de diálogo que el nuevo ejecutivo español intenta tender con la Generalitat deberían ser aprovechados: para rebajar el clima de tensión -aunque muy alto, como lo demuestra la "guerra de los lazos amarillos - y para mejorar las condiciones de vida de una población que ha sufrido años de recortes sociales. Por su parte, en recientes declaraciones, Joan Tardà y Oriol Junqueras reconocen la imposibilidad de lograr la independencia por la vía de la imposición de una mitad del país sobre la otra, así como la necesidad de encontrar caminos transitables, rehuyendo un enfrentamiento con el Estado que se ha revelado estéril.

Todo es muy frágil todavía. La mayor amenaza reside en la acción de aquellas fuerzas políticas que aún cuentan crecer en un clima de confrontación de identidades, nutriendo dinámicas populistas y nacionalistas permanentemente enfrentadas: C 's y PP, por un lado, y los sectores más irreductibles del campo independentista, para los que cualquier negociación equivale a una traición.

Los "pontoneros" del diálogo serán objeto del fuego cruzado de todos aquellos que quieren persistir en la aventura o creen que "cuanto peor, mejor". Los acontecimientos del otoño pondrán todos a prueba. El futuro está en disputa. Concretamente, la tenue posibilidad de encontrar una salida a la actual situación de marasmo -antes de buscar, algo mucho más complejo, soluciones de fondo a la crisis territorial.