Hay que crear un censo de los edificios públicos con presencia de amianto

Durante este mes de agosto nos hemos vuelto a dirigir al Ayuntamiento de Barcelona para continuar recomendando que proceda sin demora a la confección y publicación de un censo definitivo de edificios públicos con presencia de amianto. Recuerdo que este es un compromiso municipal que el consistorio aprobó llevar a cabo en la legislatura 2015-2019 como punto de partida para el inicio del proceso de desamiantado con prioridad a escuelas, hospitales y edificios públicos.

A pesar de este compromiso, el único hecho contrastado es que el 21 de julio de 2017 el consistorio aprobó una declaración institucional y tres años después, no conocemos ningún resultado concreto de los compromisos establecidos. Hoy por hoy, solo podemos concluir que la ciudad de Barcelona no está siguiendo la Resolución del Parlamento Europeo para conseguir el objetivo de amianto cero en 2028.

Los riesgos que representa el amianto

La existencia de amianto en los entornos urbanos es una realidad que impacta las ciudades con un elevado nivel de construcción, como es Barcelona. El amianto se trata de un mineral muy valorado por su capacidad de aislamiento térmico. Desde que en 1978 una resolución del Consejo de Europa declaró el amianto como sustancia cancerígena, diferentes organismos han legislado sobre el uso de este mineral hasta el año 2002, cuando una directiva de la Unión Europea prohíbe la fabricación de productos que incluyan el amianto.

El amianto está relacionado con enfermedades como la asbestosis o el mesotelioma. Aunque con la prohibición de 2002 finaliza una parte grave del problema, sigue vigente su nocividad porque con la degradación o rotura las estructuras presentes de fibrocemento liberan sus fibras, que son responsables de patologías oncológicas detectadas en personas que han tenido contacto.

El año 2013 el Parlamento Europeo publicó la Resolución 2012/2065 (INI), que determina que los materiales con amianto tienen un ciclo de vida de entre 30 y 50 años y que tiene el objetivo de eliminar este material de toda la Comunidad Europea antes del año 2028. Entre otras medidas, la resolución insta a la Unión Europea a elaborar modelos para supervisar la presencia de amianto en edificios y tuberías, y recomienda a los Estados miembros que generen registros públicos sobre el amianto para avanzar en el proceso de su eliminación gradual. Es responsabilidad de la administración central poner solución a esta problemática, y desde la Defensora de Barcelona solo tenemos potestad para supervisar la administración municipal.

Desde el año 2018, recomendamos insistentemente al Ayuntamiento de Barcelona que estudie en profundidad el contenido de la mencionada resolución para considerar qué propuestas pueden ser asumidas por el consistorio, como por ejemplo el censo de edificios con presencia de amianto, así como el inicio del proceso de eliminación con prioridad en las escuelas, hospitales y edificios de concurrencia pública.

¿Cuáles han sido los compromisos municipales?

En la sesión ordinaria del 21 de julio de 2017 el Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acordó una declaración institucional que daba el visto bueno a buena parte del contenido de la Resolución 2012/2065 (INI). El consistorio se comprometía a presentar durante la legislatura 2015-2019 un inventario de todos los equipamientos y edificaciones públicas municipales con presencia de amianto o fibrocemento, y a establecer un calendario y una dotación económica.

Posteriormente, los organismos locales que pueden gestionar esta problemática, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y/o el Área de Ecología Urbana, han mostrado el interés por avanzar en esta cuestión. Pero, tres años después seguimos sin un censo definitivo de los edificios públicos con presencia de amianto y Barcelona continúa sin atender la Resolución del Parlamento Europeo.

Una nueva queja ciudadana

Un ciudadano presentó una queja a la Defensora de Barcelona porque el Ayuntamiento no había dado respuesta a la instancia presentada por una comunidad de propietarios y propietarias ante la alarma que les generaba el mal estado en que se encuentra la cubierta de fibrocemento del Mercado de la Estrella y la afectación que podría tener en la salud del vecindario.

Para empezar, hay que remarcar la obligación que tienen las administraciones de responder las solicitudes de la ciudadanía y por tanto, es necesario recordar al Instituto Municipal de Mercados de Barcelona que tiene un plazo de 60 días para atender las peticiones emitidas por cualquier ciudadano o ciudadana. Pero la queja va más allá de unos plazos burocráticos, y hay que tomar conciencia de la existencia de amianto en muchas instalaciones de nuestra ciudad.

Concretamente, el Mercado de la Estrella se trata de una edificación del año 1954, es decir hace 66 años. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la Resolución del Parlamento Europeo manifiesta que los materiales con amianto tienen una vida de entre 30 y 50 años, vemos que este periodo queda ampliamente superado. Es absolutamente necesario que se lleven a cabo las pruebas diagnósticas de la cubierta con el fin de descartar la existencia de riesgos de dispersión de fibras de amianto.