Venezuela, un país insustentable

En América Latina, y en el mundo en general, cada vez más países están mostrando compromiso por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030, definidos por las Naciones Unidas en 2015. 

Sin embargo, Venezuela no aparece entre ellos en 2022, y ya no existe en la plataforma del debate mundial sobre el desarrollo sustentable consagrado en el Preámbulo de la Constitución Bolivariana, pues se encuentra fuera del ranking de países que promueve acciones en este sentido.

Así, es el único país en negativo, con -0,4 en el indicador de cumplimiento según el Reporte 2022 de Desarrollo Sustentable donde, además, se ubica entre los últimos puestos, el 120 específicamente, junto con Bolivia y Brasil. 

Y es que nuestro país no enfrenta los retos de la sustentabilidad ambiental, y cuando lo hace, ello ocurre sin planificación y sin compromiso político, a pesar de haber sido pionera en legislación e institucionalidad ambiental en América Latina y el mundo.

A la fecha, estamos retrasados en la entrega de los informes quinquenales sobre Cambio Climático y la comisión que los producía fue disuelta hace ya unos diez años. Pero, además, las acciones oficiales van en contra sentido de la prevención, mitigación y adaptación frente a los impactos evidentes del cambio climático y de la conservación de la diversidad biológica de la cual dependemos. 

Basta ver las consecuencias ambientales, sociales y políticas de lo que está ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco y con el estímulo a la minería ilegal en el resto del territorio de los Estados Bolívar y Amazonas. Súmele a eso, las intervenciones con fines turísticos autorizadas en los más importantes Parques Nacionales del país.

Pero todavía hay más. Tenemos aun el problema de la inadecuada recolección y disposición de desechos sólidos de origen doméstico y comercial, unas 28 mil toneladas diarias, y la omisión de los procedimientos para recolectar y disponer de los desechos tóxicos o peligrosos y de los desechos hospitalarios. Cero actividades de clasificación de los desechos y casi cero reciclaje.

Agreguemos finalmente, y para no agobiarlos con la larga lista de acciones adversas al ambiente, la intensa deforestación en las cuencas altas que suministran el agua a nuestros ríos y el estado de sedimentación de la mayoría de los embalses que almacenan el agua que surte a las ciudades; pero también la tala indiscriminada y el tráfico ilegal de madera, que condujo a la pérdida de más del 45 % de los bosques naturales del país. 

Pero no solo estamos reprobados en el aspecto ambiental. Respecto a la economía, se aplica el mismo escenario. 

La frase "Venezuela se arregló" circula con una fuerte carga de ironía desde hace meses en las redes sociales, creando polémica dentro y fuera del país, donde se le atribuyen a una estrategia perversa del gobierno para proyectar una imagen más favorable a su lamentable desempeño económico y social.

Si lo comparamos con la situación del 2018, y consideramos que abandonamos el ciclo de hiperinflación, la situación económica actual parece mejor, pero lo cierto es que entre 2013 y 2021 la economía venezolana se contrajo en 75%, mientras que en el último año apenas hubo un crecimiento de entre 6% y 8%; es decir, una pírrica mejora respecto a la estrepitosa caída del PIB en estos últimos quince años.

Por ejemplo, la inflación en 2016-2020 se situó entre 500% y 800% y el gasto público se redujo alrededor del 30% anual, producto del grave déficit fiscal. 

Por su parte, las reservas internacionales disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a menos de 10 mil millones de dólares en abril de 2021.

Como si fuera poco, el total de la deuda consolidada del país, ascienden hoy a 181 mil millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces más que el total de las reservas internacionales del país. 

El efecto de esta larga crisis se refleja en la realidad social de los venezolanos, como muestran los recientes estudios sobre condiciones de vida, los cuales revelan, por ejemplo, que hay un 24,8% de los venezolanos en situación de pobreza extrema y que el 60% de la población vive con inseguridad alimentaria entre moderada y grave. 

Así mismo, el 54% de los niños y muchos adultos tienen algún grado de malnutrición o desnutrición; además, la morbilidad y la mortalidad en sectores vulnerables, especialmente niños y parturientas, han crecido a cifras alarmantes por la ausencia de medicamentos e insumos hospitalarios. 

El impacto social de esta catástrofe es tremendo. El deterioro general de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido graves repercusiones en las condiciones de vida de la población, especialmente en las áreas de salud, alimentación y de seguridad social y personal. 

Ahora el gobierno nos sorprende con una nueva declaración engañosa llamada “Zonas Económicas Especiales”, con las que se pretende convertirnos en un “país potencia”.

Estas deberán desempeñarse en el contexto socioeconómico que sus políticas provocaron, caracterizado por altos niveles de inseguridad jurídica y social; miles de empresas nacionales y extranjeras que se han ido, han cerrado o han sido expropiadas; con servicios públicos estratégicos deteriorados; con la migración de millones de trabajadores calificados, índices de desnutrición alarmantes y niveles de pobreza del 95 %.

Así pues, el legado de Chávez es hoy un país ambiental, social y económicamente insustentable.