Venezuela: Elecciones creibles?

La reciente designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo organismo electoral de la nación, nombrado por la Asamblea Nacional con mayoría afecta al gobierno, ha provocado reacciones diversas tanto en el país como en el ámbito internacional.

Lo primero que hay que decir es que, como se esperaba, el 60 % de sus integrantes son personajes estrechamente ligados al entorno del alto gobierno <tres de cinco principales o 9 de 15 si incluimos a los 10 suplentes> y ellos ocupan los cargos principales como rectores del organismo, así como la dirección de las principales comisiones de trabajo. Por ejemplo, el nuevo presidente del CNE fue ministro del gabinete tanto en el gobierno de Chávez Frías como en el de Maduro Moros, aunque al Vice Presidente designado se le identifica como un opositor al régimen.

En cuanto al ámbito político nacional existe la percepción, curiosamente compartida por el gobierno y un sector de la dirigencia opositora <que algunos han denominado la oposición complaciente> de que este evento ha creado una oportunidad de convivencia y constituido un paso adelante en la recuperación de espacios democráticos. Para el resto de la oposición, el nuevo CNE, al haber sido nombrado por una Asamblea Nacional no reconocida, carece de legitimidad de origen. Por lo tanto, es percibido como un intento del gobierno para bajar la presión interna, dividir a las fuerzas democráticas nacionales y engañar a la comunidad internacional, especialmente a EE.UU y la Unión Europea con el propósito de que cesen las sanciones económicas y políticas que les han sido impuestas.

@EP

Por su parte el Sr. Guaidó lo cataloga como un organismo que no ha sido avalado y que no es producto de una negociación o acuerdo con las organizaciones políticas que forman parte de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana.

Por los que respecta al ámbito internacional, también las posiciones son diversas. España, algunos sectores de la UE, e importantes personajes de EE.UU., lo han definido como <un primer paso hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente>. Los más radicales <la presidencia de la OEA y algunos senadores norteamericanos como Marco Rubio, Jim Risch y cuatro más>, han condenado abiertamente este nombramiento, al que consideran ilegítimo y una maniobra que solo prolongará el control autoritario del gobierno sobre el pueblo de Venezuela. En el medio flota el silencio de muchos países, especialmente de América Latina y El Caribe, y la ambigüedad de las declaraciones de la administración Biden.

Por ahora, la participación del pueblo opositor en las elecciones regionales de Gobernadores y Alcaldes que se avecina, está muy lejos de ser un hecho consumado.

Pero ciertamente, si se quiere un proceso electoral “creíble, inclusivo y transparente” habría  muchos temas que enfrentar y resolver; entre ellos: a) La inhabilitación política de un buen número de dirigentes opositores que, como consecuencia, no pueden ser candidatos a cargos públicos de libre elección; b) La inhabilitación o intervención de los principales partidos políticos de oposición y de sus tarjetas de identificación electoral, lo cual les impide participar como organizaciones en el proceso y postular candidatos; c)  La revisión, depuración y actualización del Registro Electoral debido a las múltiples faltas y errores que han sido denunciadas, entre ellas, la existencia de cerca de un millón y medio de electores fraudulentos registrados que ha sido señalada reiteradas veces; d) La revisión del Sistema de Identificación Nacional, pues se ha detectado la existencia de una gran cantidad de documentos de identidad, quizás cientos de miles o millones, otorgados irregularmente o al margen de la ley; e) La eliminación de las numerosas trabas que impiden a los casi seis millones de venezolanos en el exterior ejercer su derecho al voto: f) La reorganización inconsulta y a conveniencia de los Circuitos Electorales y la eliminación o reubicación, en sitios poco accesibles de Mesas Electorales o sitios de votación para favorecer la maquinaria del partido oficial; g) La eliminación del criterio de la representación proporcional de las minorías, por medio de la cual “el ganador se queda con todo”; h) El cierre, bloqueo o censura de una parte importante de los medios de comunicación opositores, la persecución a periodistas y opinadores, las limitaciones a la libertad de prensa y la criminalización de la protesta o la disidencia; y, finalmente, solo para no hacer más largo el historial, está el asunto, que se ha vuelto política cotidiana, del nombramiento ilegal de un “protector” que asume las funciones y recibe el apoyo financiero que corresponde a la autoridad legítima electa, cuando el ganador es un adversario político del gobierno.

Si al menos se logra resolver estos asuntos y se consiguen democratizar las condiciones electorales, entonces uno podría pensar en la conveniencia de participar en el proceso electoral anunciado; de lo contrario tendrán razón los que señalan a esta convocatoria como una maniobra política más, que pone en evidencia el talante autoritario y dictatorial que se le ha señalado al gobierno.

Como ven, la dirigencia del pueblo opositor no la tiene fácil, a pesar del “Acuerdo de Salvación Nacional” propuesto por el Sr. Guaidó.