¿Sabe Sánchez que España es potencia administradora del Sáhara?

El 14 de noviembre de 1975, hace 45 años, se firmaba en Madrid un documento denominado «Declaración de principios entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara Occidental» que ha pasado a la historia como los “acuerdos de Madrid”. Con este texto, cuya longitud no iba más allá de una página aunque tenía varios anexos, y con la aprobación cinco días después por las Cortes de una “Ley de descolonización del Sáhara Occidental” con un artículo, se pretendía cerrar la historia de la presencia española en aquella zona de África Occidental a lo largo de casi un siglo dándole un carpetazo y traicionando los compromisos adquiridos tanto con el pueblo saharaui como con la ONU. 

Recordemos algunos precedentes. España había ido retrasando, pese a la presión de Naciones Unidas, el proceso descolonizador del Sáhara Occidental permitiendo que Marruecos primero y más tarde Mauritania, fueran incrementando sus reivindicaciones sobre este territorio, al que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó que no tenían ningún derecho. 

“Los materiales e información presentados al Tribunal muestran la existencia, en el momento de la colonización española, de vínculos jurídicos de obediencia (allégeance) entre el sultán de Marruecos y algunas de las tribus que vivían en el territorio del Sahara Occidental (y) muestran igualmente la existencia de derechos, incluyendo algunos derechos relativos a la tierra, que constituyen vínculos jurídicos entre el conjunto mauritano, tal como lo comprende el Tribunal, y el territorio del Sahara Occidental… (pero) la conclusión del Tribunal es que los materiales y la información presentada no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el Reino de Marruecos o el conjunto mauritano. Así, el Tribunal no ha hallado vínculos jurídicos de suficiente naturaleza como para afectar la aplicación de la resolución de la Asamblea General 1514 (XV) en la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, del principio de autodeterminación mediante la libre y genuina expresión del deseo de los pueblos del territorio» (Avis consultatif, Cour Internationale de Justice, 16 octubre 1975, nº 75/10).

En este mismo sentido se pronunció la comisión de la ONU que visitó el Sáhara, así como España y los países vecinos en mayo de ese mismo año y constató la aspiración de la población saharaui a pronunciarse en un referéndum sobre su independencia.

Pero lo cierto es que a algunas potencias no le interesaba en absoluto un Sáhara independiente y, previendo el citado dictamen adverso, tomaron una medida cautelar ciertamente imaginativa, la invasión civil del territorio, tal cual relata en un excelentemente documentado libro (El Sáhara español: un conflicto aún por resolver, SIAL) el embajador de España José Antonio Yturriaga:

“La marcha no fue consecuencia de una ocurrencia repentina del monarca alauita, ni fruto de la improvisación, sino que requirió un extenso e intenso período de preparación muy anterior al dictamen del TIJ y a los discursos del rey. Según documentos de la CIA recientemente desclasificados, el 21 de agosto de 1975 el Departamento de Estado dio luz verde a un proyecto estratégico secreto -planeado por la Agencia y financiado por el monarca saudita – para arrebatar el Sáhara Occidental a España y entregárselo a Marruecos mediante la celebración de una marcha civil pacífica que invadiera el territorio y obligara al Gobierno español a negociar su entrega. Estados Unidos se implicó a fondo -junto con Francia- en la organización y apoyo logístico y diplomático a la inicialmente «marcha blanca» que Hassan II transformó en «verde» por sus implicaciones islámicas”.

Esta situación coincidió con la enfermedad terminal de Franco, a quien se atribuye haber manifestado en el último Consejo de Ministros la necesidad de enfrentarse a Marruecos, incluso militarmente si fuese necesario, para cumplir el compromiso de España para con el pueblo saharaui. No sólo no se le hizo caso, sino que el gobierno de Arias Navarro y el jefe de Estado en funciones, aterrorizados ante la posibilidad de que el cambio de régimen discurriera paralelamente a un conflicto armado, decidieron abdicar de todos los compromisos adquiridos y firmar la humillante «Declaración» a que hemos hecho referencia y en la que se preveía el abandono del territorio por España a partir del 28 de febrero de 1976, la cesión de su administración, no de su soberanía, a Marruecos y Mauritania y la sustitución del referéndum exigido en Naciones Unidas por una consulta a la Yemaa, órgano de creación colonial desprestigiado y rechazado hasta ese momento por todas las partes.

España se lavó las manos como Poncio Pilatos y dejó abierta una guerra que provocó al cabo de algún tiempo la retirada de Mauritania tras su derrota por el Frente Polisario y la ocupación total del Sáhara por Marruecos y que se detuvo en 1991 con un alto el fuego tras la construcción de un gigantesco muto que dividía aquel país en dos partes. Mientras tanto, se había proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por casi un centenar de Estados y admitida como miembro de pleno derecho en la Unión Africana. 

Han pasado 45 años, Marruecos mantiene un ejército en pie de guerra en el muro y ha invertido cuantiosas sumas de dinero en infraestructuras en un territorio ocupado a precario, Naciones Unidas subvencionan la MINURSO, una inoperante fuerza de interposición sin competencia en la vigilancia de los derechos humanos, los saharauis viven divididos entre los campamentos de refugiados, los territorios ocupados y la diáspora ¿Y España? Sigue lavándose las manos tan aterrorizada como entonces, ahora por el chantaje constante de Marruecos a causa de la inmigración ilegal, la pesca y la absurda reivindicación de Ceuta y Melilla, por cierto, ciudades europeas desde el siglo XV.

Lo que quizá Pedro Sánchez y su ministra de Asuntos Exteriores no saben, o no quieren saber, es el informe que el 29 de enero de 2002, Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos, asesor jurídico de Naciones Unidas, envió al presidente del Consejo de Seguridad y cuyo punto sexto dictaminaba:

“El 14 de noviembre de 1975 España, Marruecos y Mauritania emitieron en Madrid una declaración de principios sobre el Sáhara Occidental (el Acuerdo de Madrid), con arreglo al cual las facultades y responsabilidades de España, como Potencia administradora del Territorio, se transfirieron a una administración temporal tripartita. El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el Territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como Territorio no autónomo”.

   En castellano claro y diáfano: que España sigue siendo en el siglo XXI la potencia administradora, si no de facto, si de iure, de un territorio no autónomo denominado Sáhara Occidental. ¡Oh cielos!